12 de Octubre de 2015 / SANTIAGO Se realiza la Marcha por la Resistencia Mapuche, en el marco del día de la raza. En la imagen, una bandera mapuche flamea. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

El Comité de Nacionales Unidas contra la Tortura sostuvo que en Chile existe un «patrón de violaciones sistemática» a los derechos del pueblo mapuche, luego de solicitar a Suiza que anule la orden de deportación a nuestro país de la dirigente Flor Calfunao Paillalef, residente en ese país desde 1996.

El comité determinó que su deportación «la pondría en riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como lo indica el trato sufrido por varios miembros de su familia», informó el órgano de la ONU en un comunicado.

En su decisión, el comité consideró que existe «un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo mapuche en Chile contra los que defienden sus derechos fundamentales y tratan de mantener su estilo de vida tradicional».

El organismo insistió en que Suiza debe reexaminar la solicitud de asilo de Calfunao Paillalef, ya que tiene la responsabilidad de protegerla dado que las autoridades competentes en Chile no ejercieron la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar malos tratos sufridos por indígenas mapuche.

Calfunao Paillalef llegó a Suiza de forma irregular hace 23 años y solicitó asilo en el país en 2008, aunque éste le fue denegado en repetidas ocasiones (la última en julio de 2018 por el Tribunal Federal Administrativo suizo), lo que llevó a la representante mapuche a llevar el caso ante el comité de Naciones Unidas.

La dirigenta es, por decisión de las autoridades del Wallmapu, la embajadora de la «Misión Permanente Mapuche ante la ONU», que se creó en 2011 y tiene estatus de observador en la sede europea de las Naciones Unidas.

Ginebra le otorgó un premio en 2008 por su labor en la denuncia de las violaciones de derechos humanos sufridas por la comunidad mapuche por defender su territorio tradicional en la región de La Araucanía frente a terratenientes y concesiones hidroeléctricas, forestales y mineras.

En su decisión del pasado año, la máxima instancia judicial suiza reconoció una intensificación de las campañas en Chile contra los activistas mapuches y un «aumento de la represión» por parte de fuerzas estatales y paramilitares, pero negó el derecho de asilo al entender que no había una «persecución colectiva».